Facilito el texto del artículo que me ha publicado El País, Cinco Días.
La compañía afronta grandes desafíos legales: incumplimientos en protección de datos del usuario y ‘fake news’
Facebook comenzó en 2002 como red social “de amigos” y “para amigos”. Ahora cumple 16 años como la red social global mayoritaria, con 1.552 millones de usuarios activos diarios y 2.320 millones de usuarios activos mensuales a diciembre de 2018. En plena adolescencia, la compañía afronta importantes desafíos legales y reputacionales: desde incumplimientos en protección de datos del usuario, a la desinformación mediante publicidad política y fake news, suplantaciones de identidad y problemas de competencia desleal por abuso de posición dominante por la integración de los servicios de WhatsApp e Instagram.
Sin duda, el cumplimiento de las normas jurídicas y de la legalidad vigente da coherencia a la economía digital. Como botón de muestra, el Bundeskartellamt, la autoridad alemana de competencia, prohibió el “consentimiento forzado”: si el usuario no da su consentimiento para que Facebook y sus proveedores procesen sus datos, se debe restringir su recopilación, una medida con un fuerte impacto en la segmentación comercial, analítica o publicitaria.
Entre las buenas prácticas empresariales, destacan la implantación de políticas de privacidad acordes con el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 y The California Consumer Privacy Act of 2018. Pero las tecnológicas continúan planteando desafíos a los legisladores, de ahí la aprobación en septiembre de 2018 por parte de la Comisión Europea del Código de buenas prácticas sobre desinformación en línea, el primer instrumento autorregulador voluntario para plataformas como Facebook, Google o Twitter y la industria publicitaria.
El Código incluye compromisos para combatir las fake news en cinco áreas: 1) interrumpir los ingresos por publicidad de cuentas y webs que difunden la desinformación; 2) hacer más transparente la publicidad política y la basada en temas; 3) abordar las cuentas falsas y bots online; 4) capacitar a los consumidores para que comuniquen casos de desinformación y accedan a diferentes fuentes de noticias, mejorando la visibilidad y la búsqueda de contenido autorizado, y 5) empoderar a la comunidad de investigadores para monitorear la desinformación en línea a través de accesos a los datos de las plataformas que sean compatibles con la privacidad.
Campaña electoral
La primera prueba de fuego del Código serán las próximas elecciones europeas, donde se pretende una campaña en línea transparente y confiable. Las principales instituciones europeas (Comisión, Supervisor Europeo de Protección de Datos, etc.) han instado a las plataformas en línea a adherirse al mismo. Si los resultados no son satisfactorios, la Comisión podrá proponer nuevas acciones de carácter reglamentario.
Adicionalmente, las actividades con fines políticos de Facebook han sido investigadas a lo largo del año 2018 por la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés), homóloga a la Agencia Española de Protección de Datos, que la ha multado con el máximo de 500.000 libras por infracciones graves contra la ley británica de protección de datos de 1998.
El ICO ha confirmado que, entre 2007 y 2014, Facebook procesó ilegalmente la información personal de los usuarios al permitir el acceso a la misma por parte de desarrolladores de aplicaciones sin un suficiente consentimiento claro e informado. Pudieron acceder a datos de “amigos” que ni siquiera habían descargado la aplicación.
Esas brechas de privacidad permitieron que Aleksandr Kogan, y su compañía GSR, cosechara los datos de hasta 87 millones de personas. Una parte de ellos se compartieron con organizaciones como SCL Group, matriz de Cambridge Analytica, que participó en campañas políticas en EE UU. Incluso tras descubrir este uso indebido, la red social no adoptó las medidas correctivas adecuadas.
Los retos de Facebook ponen de relieve que como usuarios debemos aprender a defender nuestros derechos. De momento, hay muchos interrogantes sin respuesta sobre cómo interactúan la tecnología y la democracia y sobre si los marcos legales, éticos y regulatorios internacionales son adecuados para proteger los valores en los que se basa nuestra sociedad.
© Efrén Díaz Díaz
Abogado abogado del Bufete Mas y Calvet y delegado de protección de datos. Especialista en Derecho Administrativo, Tecnológico y Geoespacial.
