La misión Artemis II inaugura una nueva etapa en la relación de la humanidad con la Luna, pero también abre nuevos interrogantes: ¿Está el derecho espacial vigente preparado para el actual escenario?
El Tratado del Espacio Exterior de 1967 sigue siendo válido, pero no es suficiente. Fue redactado cuando ir a la Luna era una proeza, no un negocio. Artemis no viola su letra, pero desborda completamente su espíritu. Es como aplicar el Código de Hammurabi a un contrato de criptomonedas.
Hay vacíos legales inmensos sobre explotación de recursos lunares. El tratado prohíbe la soberanía nacional sobre la Luna, pero no dice nada sobre extraer y vender lo que hay en ella. Es como prohibir que alguien sea dueño del océano, pero no que pesque en él.
La Luna en teoría no es “patrimonio común de la humanidad”. Nadie puede apropiarse de la Luna ni de otros cuerpos celestes. En la práctica, quien llega primero marca el terreno. El concepto existe en el papel, pero carece de mecanismos reales de aplicación. Una declaración sin guardias de seguridad. La clave es entender que no se puede hablar “de patrimonio común” sino de “incumbencia” de la humanidad.
El Acuerdo de 1979 prohibía expresamente la explotación privada de recursos. Por eso nadie relevante lo firmó. Estados Unidos, Rusia y China brillan por su ausencia. Es el tratado más ignorado de la historia espacial.
Si un país instala infraestructuras en el polo sur lunar, jurídicamente no puede ejercer control territorial. Políticamente es otro cantar. Una base con suministros, energía y comunicaciones propias crea una zona de influencia real, aunque no haya bandera clavada. El control de facto existe, aunque el derecho lo niegue.
Los Artemis Accords son una reinterpretación interesada alternativa, aunque se revistan de otras solemnidades. EE.UU. construyó un marco jurídico propio que legaliza lo que quiere hacer y luego invitó a otros a sumarse. No es multilateralismo; quizá es multilateralismo a la carta.
El riesgo de la “carrera colonial” entre potencias, no es un riesgo como tal porque ya está ocurriendo. China y Rusia tienen su propio programa lunar conjunto. EE UU avanza con Artemis. La diferencia con el colonialismo terrestre es que aún estamos a tiempo de poner reglas.
La ESA es el actor más capacitado y mejor cualificado para ejercer de árbitro técnico y moral. Tiene credibilidad científica, no tiene agenda expansionista propia y colabora con todas las partes. Si alguien puede mediar, y más en la actualidad, es la Agencia Espacial Europea.
Es inevitable que surjan conflictos legales entre empresas por zonas de explotación. Cuando dos robots mineros de dos empresas distintas se encuentren en el mismo cráter con hielo de agua, no habrá juez ni árbitro al que acudir. Ese momento ya se está gestando. En el espacio ultraterrestre no tenemos peritos ni testigos, al menos por ahora.
El Tratado de 1967 ni siquiera imaginaba actores privados con cohetes propios. Y mucho menos que las agencias gubernamentales necesitaran o contaran con empresas privadas para misiones espaciales ultrapeligrosas o muy caras. Las empresas operan bajo el paraguas de sus Estados, que son los responsables últimos. SpaceX es, jurídicamente, una extensión de Washington. Estamos ante una privatización progresiva del espacio absoluta y aceleradamente. El espacio ya no es territorio de astronautas-funcionarios, es un mercado.
La responsabilidad legal que tienen los Estados sobre sus empresas es total, según el Convenio de Responsabilidad de 1972. Si SpaceX destruye una instalación rusa, paga EE UU. Es un incentivo poderoso para que los gobiernos regulen a sus propias empresas. Aunque no siempre lo hacen.
Sin duda se necesita con urgencia una nueva regulación internacional para el sector privado. La fragmentación geopolítica y la polarización de fuerzas nacionales no propicia el clima de consenso internacional que vio alumbrar los tratados de los años 60 y 70 del Siglo XX. El modelo actual de “cada Estado regula a los suyos” crea una carrera hacia el país con menos restricciones. El equivalente espacial de los paraísos fiscales ya existe.
Estamos en un punto de inflexión que exige un nuevo tratado, pero un nuevo tratado hoy sería casi imposible de negociar. Las potencias tienen intereses demasiado divergentes. El camino más realista son acuerdos sectoriales: uno para minería, otro para tráfico, otro para rescate.
Si hablamos de liderar la gobernanza lunar, lo cierto es que la ONU tiene la legitimidad, pero no la agilidad. Los Artemis Accords tienen agilidad, pero no la universalidad. Lo ideal sería una agencia técnica especializada bajo paraguas de la ONU, con representación real de todas las regiones.
El futuro espacial dentro de 20 o 30 años será más fragmentado antes de ser más coherente. El derecho marítimo ofrece el modelo más útil: zonas exclusivas, fondos comunes, licencias de explotación. La Antártida, en cambio, prohíbe la explotación. La Luna necesita su propio modelo, y ojalá tome lo mejor de ambos.
Podría surgir un “derecho lunar” autónomo, si hubiera bases permanentes con población estable. El derecho siempre sigue a la gente. Y el buen derecho sigue a la vida. Donde hay comunidades, surgen normas. La Luna tendrá su propio ordenamiento el día que alguien nazca en ella y haya que decidir qué pasaporte llevar.
Fuente Original: Artemis II: ¿Hacia un nuevo derecho lunar?
© Efrén Díaz Díaz
Abogado y Doctor en Derecho. Responsable de las Áreas de Tecnología y Derecho Espacial del Bufete Mas y Calvet.
