La tecnología geoespacial incluye una gama amplia de aplicaciones informáticas y telemáticas, tales como las imágenes satélite y sistemas de ortofotografía aérea, mapas, servicios web (WMS), la información geográfica (SIG), servicios basados en la geolocalización (LBS), identificación por radio frecuencia (RFID) y Sistema de posicionamiento global (GPS). Por todo ello, esta emergente tecnología se está convirtiendo en una herramienta de visualización y en un medio sensible de gestión para los gobiernos y las empresas. La tecnología geoespacial comprende datos espaciales, aplicaciones de software, hardware y servicios geográficos que se están introduciendo en Internet, principal red de transformación, y, más recientemente, las aplicaciones para “computación en la nube” (Cloud Computing), de mayor alcance internacional y sofisticada arquitectura tecnológica.
Los “datos espaciales” son toda clase de información que, de forma directa o indirecta, hagan referencia a una localización o zona geográfica específica. La geoinformación y los servicios espaciales comienzan a emplearse para fines que van desde la seguridad nacional al cambio climático, al conocimiento del territorio y la gestión de catástrofes naturales, a redes sociales y dispositivos también móviles de navegación por satélite, a la búsqueda de fuentes alternativas de energía y el despliegue de banda ancha.
Aunque ha sido aprobada la Directiva Inspire y, en España, la Ley Geoespacial que introduce Inspire en el espacio ibérico, los agentes jurídicos y políticos no siempre han seguido el ritmo de la rápida adaptación de estas tecnologías con fines profesionales, comerciales y sociales. En consecuencia, existe un conjunto transversal de cuestiones relacionadas con la tecnología geoespacial y la disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de información espacial, comunes a gran número de políticas y temáticas, pendientes de resolver o jurídicamente confusas. Estos temas incluyen la intimidad, el derecho a la propia imagen, la privacidad, la responsabilidad jurídica de los operadores, derechos de propiedad intelectual, gestión de riesgos naturales, y seguridad y defensa nacionales.
Esta incertidumbre tiene ya consecuencias en los costes y en la facilidad de reunir y compartir datos espaciales de forma universal para usos por entidades gubernamentales, profesionales y comerciales. A menos que se desarrolle un marco normativo y jurídico coherente y armonizado para los datos y servicios geoespaciales, existe un riesgo creciente de que esta sensible tecnología de última generación resulte insuficientemente aprovechada y progresivamente desvirtuada.
Leer más en el artículo «Marco jurídico y administrativo de la geoinformación. Importancia jurídica de los datos espaciales y desarrollo de los metadatos».
© Efrén Díaz Díaz
Abogado. Especialista en Derecho Administrativo, Tecnológico y Geoespacial. Bufete Mas y Calvet.
